Mientras las obras continúan paradas, surge un nuevo tema en el frente. En febrero de 2010 Diario La Rioja informa de que la fiscalía pide investigar si se prevaricó en la protección del soto del Cidacos. Además, añade, el fiscal cree que también se debe verificar si la empresa Conextrán actuó contra el medio ambiente.
La Fiscalía pide investigar si se prevaricó en la protección soto del Cidacos
Tras más de dos años desde que las obras de urbanización del sector Cidacos -ahora paralizadas- provocasen la desaparición de un soto natural de la ribera del río, la Fiscalía ha interpuesto una denuncia al Juzgado de primera Instancia de Calahorra en la que considera que debe investigarse si pudo cometerse un delito de prevaricación administrativa por los responsables del Ayuntamiento de Calahorra.
Los motivos que da la Fiscalía, según una nota remitida por Ecologistas en Acción, son el no haber impedido la destrucción de los sotos del Cidacos y no haber impuesto la sanción económica correspondiente ante la infracción cometida.
Además, en el escrito remitido al juzgado, se solicita también investigar si pudo cometerse un delito contra el medio ambiente por parte de los responsables de la empresa ejecutora de las obras 'Lázaro Conextran, S.L.'.
Con todo ello, el fiscal solicita que se inicien las diligencias previas dirigiéndose de oficio al Ayuntamiento de Calahorra para que informe sobre los hechos y tomándose declaración como imputado al responsable de la mencionada empresa constructora.
Los hechos sucedieron en octubre del 2007 cuando en el transcurso de las obras de urbanización del sector Cidacos, la empresa constructora destruyó un soto de ribera de alrededor de 4,5 hectáreas que, según el planeamiento urbanístico y las prescripciones de la Consejería de Medio Ambiente a través de la COTUR, debía ser conservado e integrado en el colindante parque del Cidacos.
El artículo 217 del régimen sancionador de la LOTUR marca que este tipo de infracciones deben llevar consigo indemnizaciones, la obligación de resarcimiento de daños y la imposición de sanciones de entre 30.000,01 euros y 300.000 euros. Sin embargo, el Consistorio calagurritano sólo obligó a la empresa a reconstruir el soto en una parcela de propiedad municipal.
Diario LA RIOJA pudo ponerse ayer en contacto con Javier Pagola, quien aseguró estar «muy tranquilo» tras conocer la noticia. «El tiempo pondrá a cada uno en su sitio», comentó.
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