El 18 de mayo de 2010, diario La Rioja anuncia que el Consistorio se personará en la causa del soto del Cidacos.
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El Consistorio se persona en la causa del soto del Cidacos
El gerente de la empresa Lázaro Conextran, encargada de la urbanización del sector Cidacos, declarará hoy en el Juzgado número 3 de Calahorra en relación al proceso abierto por la Fiscalía de La Rioja sobre la destrucción de 4,5 hectáreas de bosque natural de ribera junto al parque del Cidacos. Continúa así la toma de declaraciones sobre este asunto, en el que se investiga la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente. La investigación parte de una denuncia de Ecologistas en Acción, que considera, además, «la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte del alcalde Javier Pagola» al no haber sancionado económicamente a la constructora por los daños ocasionados.
Además de la acusación popular presentada por los ecologistas, el Ayuntamiento también se ha personado en la causa. Una decisión que, a juicio del colectivo, es «un intento de retrasar el desarrollo normal de las diligencias procesales, para intentar que el propio alcalde no sea procesado».
Preocupación municipal
Al respecto, el equipo de Gobierno reiteró ayer en un comunicado de prensa que el primer edil de la ciudad «no está imputado» y que «la preocupación del Ayuntamiento por la restauración del medio ambiente está fuera de toda duda».
La comparecencia de Lázaro Conextran se retoma hoy tras un aplazamiento de 40 días. En principio estaba previsto que prestase declaración el pasado 12 de abril, sin embargo la citación fue retrasada por una solicitud de la letrada municipal, alegando como motivo la asistencia de un familiar a una consulta médica programada. Para Ecologistas en Acción, la petición pudo «responder a un marcado interés por dilatar y obstaculizar las actuaciones judiciales», puesto que critican el hecho de que, durante la toma de declaraciones al portavoz en Calahorra de Ecologistas en Acción, la letrada «se mostró únicamente preocupada por averiguar cómo habían llegado determinados documentos a manos de la Fiscalía, no en pedir responsabilidades a la empresa».
Por su parte, el Ayuntamiento sostiene que esta cuestión «también le interesó a la jueza instructora». Incluso revelan que el representante de la asociación ecologista reconoció que «la persona que le pudo aportar los documentos es el concejal del PSOE, Jesús María García», afirmación que el propio colectivo desmiente y que aseguran que «así quedó acreditado ante la titular de justicia».
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